El conocimiento es poder: Desafiamos las políticas migratorias inhumanas

Ante los ataques constantes de la administración de Trump contra los derechos de migrantes, es de suma importancia que Unidxs por una Economía Justa (UFE, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones de justicia social expresen su solidaridad con inmigrantes en los Estados Unidos. Como defensor de salarios dignos, de oportunidades de creación de riqueza, y justicia igualitaria para todxs lxs trabajadorxs, UFE tiene una larga trayectoria de defender los derechos de lxs inmigrantes, y está comprometido a asegurar la igualdad de derechos tanto para trabajadorxs documentadxs como indocumentadxs. Por ejemplo, después de la elección de Donald Trump, UFE publicó “El Estado del Sueño 2017: Duelo en América”,[1] que contiene un capítulo que resalta el tamaño de la población inmigrante en los Estados Unidos y lo que contribuyen lxs inmigrantes a la economía estadounidense. UFE realiza capacitaciones sobre la relación entre los derechos de lxs inmigrantes y la justicia económica,[2] que brindan información, análisis y estrategias de acción para establecer solidaridad entre trabajadorxs extranjerxs y nacionales.

Sin embargo, mientras que UFE reconoce que lxs inmigrantes son una parte integral de la economía estadounidense, primero que todo son nuestrxs amigxs, familiares y los pilares de la comunidad que merecen el respeto y los derechos básicos. La política migratoria de la administración de Trump está basada en la xenofobia y el racismo. A medida que Trump amenaza a nuestras comunidades con redadas de ICE y centros de detención inhumanos, tememos por nuestrxs amigxs y familia. Debemos actuar de inmediato. Para lograr eso, debemos entender la historia que nos trajo a este momento, las políticas que se proponen y las muchas comunidades y organizaciones que están en la vanguardia de esta lucha.


Separación de familias

Una de las políticas más horrendas de la administración es la política de separación de familias, que desde su inicio en abril de 2018 ha causado la separación de más de 2,600 niñxs de sus padres y madres.[3] La administración de Trump hizo uso de la Sección 1325 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la cual considera el cruce indocumentado de la frontera una ofensa criminal en vez de una ofensa civil, para justificar su política de cero tolerancia. Aunque la Sección 1325 entro en vigor en 1929, la administración de Trump ha sido más enérgico que las administraciones previas en usar la Sección para criminalizar el cruce de la frontera y separar a familias. Bajo la administración de Obama (que deportó a 3 millones de inmigrantes)[4] por ejemplo, las familias solo se separaban como medida de último recurso (por ejemplo, si el padre o la madre presentaba un peligro para sus hijxs o había sido condenadx por un delito grave).

Con el poder de la Sección 1325, la administración de Trump ha justificado una política irracional de cero tolerancia que trata el cruce de la frontera sin documentos como una ofensa criminal en vez de una ofensa civil, criminaliza a adultos indocumentadxs al detenerlxs en cárceles para esperar su juicio, y obliga a niñxs a entrar bajo la custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Bajo ley federal, lxs niñxs pueden estar bajo la custodia del DHS por 72 horas antes de ser transferidxs a la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiadxs. Muchxs niñxs, sin embargo, incluyendo aquellxs que han sido separadxs de sus familias y aquellxs que llegaron a la frontera sin acompañamiento, han sido alojadxs en centros de detención de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) por semanas,[5] en clara violación de la ley.

Bajo inmensa presión bipartidista, Trump firmó un decreto ejecutivo en junio de 2018 que supuestamente acababa con las separaciones de familias y establecía que el Departamento de Seguridad Nacional debe detener a las familias juntas. Pero aparte de que detener a familias migrantes juntas bajo condiciones de vida deficientes es inhumano y cruel, este decreto ejecutivo tampoco ha logrado poner un fin a las separaciones de familias. Según un artículo publicado el 1º de julio de 2019 por NBC News, más de 700 familias han sido separadas[6] desde el decreto ejecutivo de Trump en junio de 2018. La administración de Trump ha abusado de un vacío legal en la Sección 1325 para justificar la separación de familias en casos donde los padres o las madres han cometido solo delitos menores, una práctica utilizada para criminalizar y desanimar a inmigrantes de venir a los EEUU.

Además de separar las familias en la frontera, la administración de Trump ha detenido tanto a niñxs como a adultos en condiciones deplorables. Los centros de detención de inmigrantes están lamentablemente superpoblados, y lxs inmigrantes a menudo no tienen acceso a alimentos nutritivos, agua o cuidado de salud. Unx pediatra que visitó el centro de detención Ursula en McAllen, Texas,[7] y un equipo de abogadxs que visitó un centro de detención en Clint, Texas,[8] notaron desnutrición, trauma psicológico, y la propagación de enfermedades contagiosas entre lxs inmigrantes detenidxs allí. Lxs inmigrantes detenidxs también tienen un acceso a cuidado de salud tremendamente limitado y el cuidado de salud que pueden recibir es deficiente, como ha sido documentado en los últimos meses en California,[9] Colorado[10] y por todo el país.[11] Inmigrantes con enfermedades crónicas y controlables como la diabetes, por ejemplo, a menudo no reciben sus medicamentos a tiempo o del todo, mientras que a inmigrantes con trastornos de salud mental frecuentemente se les da medicamentos antipsicóticos con un conjunto de efectos secundarios y no reciben cuidado de profesionales de salud mental adecuado.


Prisiones con fines de lucro

Muchos de los centros de detención que alojan a inmigrantes en condiciones miserables son administrados por empresas de prisiones con fines de lucro, como GEO Group y CoreCivic. Estas empresas tienen un incentivo de maximizar sus márgenes de ganancias; para maximizar las ganancias, las empresas de prisiones con fines de lucro drásticamente reducen la cantidad de dinero que emplean para suministrar a inmigrantes con comida, agua, artículos de higiene personal y cuidado de salud. Este enfoque de maximizar las ganancias pone en peligro las vidas de lxs inmigrantes. El gobierno federal, que supuestamente regula los centros de detención con fines de lucro, ha fracasado miserablemente y es cómplice en el abuso y las muertes de inmigrantes bajo la custodia de empresas de prisiones con fines de lucro.

Además de escatimar en las necesidades diarias, las empresas de prisiones con fines de lucro tienen un claro interés en mantener como ilegal la migración indocumentada. Para avanzar sus intereses comerciales y maximizar ganancias, estas empresas participan en cabildeo y contribuyen a candidatos al congreso y a la presidencia, que oponen la reforma migratoria y apoyan la criminalización de inmigrantes. En el ciclo electoral de 2018, por ejemplo, CoreCivic donó $341,700 a candidatxs republicanos y solo $20,000 a candidatxs demócratas.[12] Mientras tanto, GEO Group donó $733,900 a organizaciones republicanas y $80,600 a organizaciones demócratas durante el mismo ciclo electoral.[13]


La inmigración como tema electoral para el 2020 y propuestas de reformas migratorias

La inmigración ya ha demostrado ser uno de los temas más importantes para las elecciones del 2020. Varias medidas han sido propuestas para terminar de inmediato con las separaciones de familias, reunificar a familias actualmente separadas y tratar a lxs inmigrantes con humanidad. Algunxs de lxs candidatxs demócratas a la presidencia apoyan revocar la Sección 1325 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y revertir el cruce de la frontera sin documentos a una ofensa civil. Otrxs han propuesto establecer una ruta a la ciudadanía para beneficiarixs de DACA (Acción Deferida para lxs Llegadxs en la Infancia), DED (Salida Forzada Aplazada), y TPS (Estatus de Protección Temporal); hasta el momento, todos los esfuerzos para establecer rutas a la ciudadanía para beneficiarixs de estos tres programas han sido bloqueados, a pesar de que la mayoría de lxs estadounidenses apoyan estos esfuerzos.[14] Una de las propuestas más radicales que ha adquirido atención nacional es la propuesta de abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), una agencia del Departamento de Seguridad Nacional. Formado tras la aprobación de la Ley de Seguridad Interior del 2002, ICE tiene jurisdicción sobre el interior del país (todas las áreas >100 millas de una frontera terrestre o marítima) y se encarga de deportar a inmigrantes indocumentadxs en estas áreas. Entretanto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) (otra agencia del Departamento de Seguridad Nacional) tiene jurisdicción sobre todas las áreas del país dentro de 100 millas de una frontera terrestre o marítima.

Organizaciones por todo el país, incluyendo varias en Massachusetts, están tomando acción. Muchas organizaciones han presionado para acabar con el programa 287(g), en el cual las fuerzas policiales locales firman acuerdos con ICE que les permiten actuar como agentes federales de inmigración. Las campañas de Manejando sin Miedo, que apoyan legislación para dar licencias de conducir a personas indocumentadas, están activas en muchos estados. Movimiento Cosecha[15] está activo en la campaña Manejando sin Miedo en Massachusetts, así como en campañas para presionar a instituciones, empleadorxs e individuos que interactúan con y apoyan a ICE, que terminen sus contratos. Comités de TPS[16] están laborando para hacer posible que beneficiarixs de TPS soliciten la residencia permanente - algo que actualmente no es posible. Estas campañas políticas son combinadas con redes locales de atención comunitaria y de respuesta a emergencias, servicios legales, esfuerzos de empoderamiento de organizadorxs locales, apoyo en la frontera y acción directa. Todos estos esfuerzos pueden ser respaldados monetariamente o a través de acción voluntaria que se detalla al final de este artículo.


La Historia de la política migratoria de EE. UU. y las soluciones propuestas por UFE

Sin separación y sin detención

UFE respalda todos los esfuerzos descritos anteriormente, pero creemos que una solución humana a esta crisis migratoria debe ir más allá. Como parte de cualquier solución, es necesario que los Estados Unidos acepte su responsabilidad en crear la crisis migratoria.[17] Durante siglos, los EEUU ha desestabilizado a América Latina derribando a gobiernos democráticamente elegidos y reemplazándolos con gobiernos autocráticos, interviniendo en asuntos regionales para apoyar a intereses corporativos estadounidenses, y protegiendo a personas poderosas involucradas en el tráfico de drogas. En vez de aceptar su responsabilidad por la actual crisis migratoria y acoger a inmigrantes que han sido desplazadxs a causa de sus políticas desestabilizadoras, los Estados Unidos han cerrado sus fronteras y criminalizado a lxs inmigrantes.


La militarización de la frontera debe terminar. Administraciones consecutivas han gastado miles de millones de dólares construyendo muros y cercas, empleando a tropas de la Guardia Nacional en la frontera, y expandiendo los presupuestos de ICE y la Patrulla Fronteriza. ICE debe ser abolido, y no debe ser reemplazado con otra agencia encargada de criminalizar, detener y deportar a inmigrantes indocumentadxs. Los miles de millones de dólares que ICE recibe anualmente en cambio se deben asignar para procesar solicitudes de asilo más eficientemente y tramitar casos pendientes en las cortes migratorias. Solo en el año fiscal 2018, $4,800 millones fueron asignados a la Oficina de Detención y Deportación de ICE,[18] que se encarga de arrestar y deportar a inmigrantes indocumentadxs. Si ICE fuese abolido, estos miles de millones de dólares en cambio podrían ser asignados a aliviar la carga administrativa del sistema migratorio de los EE. UU. y ayudar a nuevxs inmigrantes a integrarse.

El dejar de financiar a ICE debe ir acompañado por la reasignación de la responsabilidad de establecer la política migratoria del Departamento de Seguridad Nacional a otro departamento a nivel del gabinete que no sea responsable de seguridad nacional y que no trate a lxs inmigrantes como criminales o terroristas. Desde el principio del siglo XX hasta 1940, el Departamento de Trabajo era responsable de establecer la política migratoria. De 1940 al principio del siglo XXI, la política migratoria era parte del ámbito del Departamento de Justicia. Fue solo después del principio del siglo XXI que el recién creado Departamento de Seguridad Nacional (DHS) adquirió la autoridad sobre la política migratoria, principalmente bajo el ámbito de ICE.[19] Estas transferencias de autoridad sobre la política migratoria representan cambios en cómo son percibidxs lxs inmigrantes. Mientras que la xenofobia estaba viva y activa en las primeras décadas del siglo XX, lxs inmigrantes en esa época eran percibidxs como trabajadorxs que contribuyen a la economía de los Estados Unidos. Con la transferencia de responsabilidad de establecer la política migratoria al Departamento de Justicia, lxs inmigrantes pasaron a ser vistxs como criminales. Cuando la política migratoria pasó a ser parte de DHS, lxs inmigrantes fueron vistxs como potenciales terroristas. En el 2019, la responsabilidad de establecer la política migratoria debe ser transferida del DHS a un departamento a nivel del gabinete que respete los derechos y la dignidad fundamental de lxs inmigrantes.

Adicionalmente, UFE reconoce que una ruta a la ciudadanía debe ser establecida no solo para beneficiarixs de DACA, DED y TPS, pero también para familiares de estxs beneficiarixs. Hasta la fecha, no ha habido esfuerzos legislativos importantes para brindar a familiares de beneficiarixs de DACA, DED y TPS un estatus legal. Esto debe cambiar, ya que es cruel destrozar a redes familiares, debido a la arbitrariedad del gobierno de EE. UU. en otorgar un estatus legal a inmigrantes.

Referencias

  1. State of the Dream 2017: Mourning in America. Mike Leyba.
  2. Immigration Workshop. United for a Fair Economy.
  3. Family Separation by the Numbers. American Civil Liberties Union.
  4. The Obama Record on Deportations: Deporter in Chief or Not? Jessica Bolter, Muzaffar Chishti, y Sarah Pierce.
  5. Hundreds of minors held at U.S. border facilities are there beyond legal time limits. Abigail Hauslohner y Maria Sacchetti.
  6. Trump’s family separation policy never really ended. This is why. Nila Bala y Arthur Rizer.
  7. What a Pediatrician Saw Inside a Border Patrol Warehouse. Jeremy Raff.
  8. Attorneys: Texas border facility is neglecting migrant kids. Cedar Attanasio, Garance Burke, y Martha Mendoza.
  9. Watchdogs Cite Lax Medical and Mental Health Treatment of ICE Detainees. Sarah Varney.
  10. Medical Care for Immigrants Is Only Getting Worse At An ICE Detention Center, Advocates Say. Adolfo Flores.
  11. Immigrants are suffering in detention. They need adequate healthcare now. Altaf Saadi.
  12. CoreCivic Inc. Center for Responsive Politics.
  13. GEO Group. Center for Responsive Politics.
  14. Public backs legal status for immigrants brought to U.S. illegally as children, but not a bigger border wall. Alec Tyson. 
  15. No Business With ICE. and Drive Without Fear. Movimiento Cosecha.
  16. About the National TPS AllianceNational TPS Alliance.
  17. How US Foreign Policy Helped Create the Immigration Crisis. Jeff Faux.
  18. US Department of Homeland Security. US Immigration and Customs Enforcement Budget Overview: Fiscal Year 2018.
  19. Origins of the Federal Immigration Service. US Citizenship and Immigration Services.

 

¿Qué puedes hacer para ayudar?

Recursos migratorios en el área de Boston

Hay muchas organizaciones en el área de Boston que proporcionan servicios legales, mantienen redes de respuesta a emergencias y cuidado comunitario, empoderan a organizadorxs de vecindarios y participan en el movimiento local y nacional de derechos de inmigrantes.

Explora las organizaciones a continuación que describe sus programas y cómo se puede involucrar.

Beyond Bond and Legal Defense Fund https://beyondbondboston.org
Centro Presente https://www.cpresente.org/news-publications
TRII - The Right to Immigration Institute https://www.therighttoimmigration.org
Movimiento Cosecha https://www.lahuelga.com
The Chelsea Collaborative https://www.chelseacollab.org
Massachusetts TPS Committee https://masstps.com

 

Recursos estatales

Comunidades y organizaciones por todo el país están luchando diariamente por su sobrevivencia contra las estructuras poderosas que están destrozando nuestras comunidades. Se están fortaleciendo y defendiéndose. Estas son algunas de esas organizaciones con las cuales hemos tenido el honor de trabajar a lo largo de los años.

Poder in Action https://www.poderinaction.org
Alabama Coalition for Immigrant Justice https://www.alimmigrant.org
Puente Movement https://puenteaz.org
Familias Unidas en Accion https://www.familiasunidasla.org
National TPS Alliance https://www.nationaltpsalliance.org
National Day Laborers Organizing Network https://ndlon.org
Florida Immigrant Coalition https://floridaimmigrant.org
Casa Maryland https://wearecasa.org

 

Socixs Nacionales

Unidxs por una Economía Justa es unx orgullosx miembro de las siguientes organizaciones nacionales.

Alianza Américas https://www.alianzaamericas.org

  • Alianza Américas es una red de organizaciones en los EE. UU. de inmigrantes de América Latina y el Caribe que trabaja para mejorar la calidad de vida para inmigrantes en las Américas.

Mijente https://mijente.net

  • Mijente es un movimiento, un centro de trabajo organizativo, un hogar político que es pro-latinx, pro-negrx, pro-mujer, pro-queer, pro-pobre y más, elevando el liderazgo y las voces en la comunidad latinx.


Conozca sus derechos:

Es importante saber cuáles políticas y acuerdos están en efecto en su área, y cómo responder en caso de emergencia.

El Centro de Recursos Legales para Inmigrantes reporta que el Departamento Correccional de Massachusetts, la Oficina del Sheriff del Condado de Bristol, el Departamento del Sheriff del Condado de Plymouth, y la Oficina del Sheriff del Condado de Barnstable todos tienen acuerdos 287(g) con ICE. Personas indocumentadas en estas jurisdicciones son susceptibles de ser detenidxs por agentes de fuerzas policiales locales y entregadxs a ICE. Al ser entregadxs a ICE, muchxs inmigrantes son detenidxs en prisiones con fines de lucro.

Asegúrate de que amigxs, familiares, y gente en su comunidad conozcan sus derechos y cómo reaccionar si son confrontadxs por fuerzas policiales, tanto como inmigrantes y aliadxs. El ACLU (La Unión Americana de Libertades Civiles) ofrece información sobre “Conozca sus derechos” en su sitio web y las organizaciones locales de inmigrantes pueden ofrecer fichas en varios idiomas para ser usadas en caso de una confrontación.

Ve estos videos para aprender más sobre tus derechos y cómo reaccionar y prepararte para una confrontación con ICE o la policía (español/inglés).

 

 

 


 

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184 High St., Suite 603,
Boston, MA 02110
(617) 423-2148

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